sábado, 14 de julio de 2018


EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS UNIVERSIDADES
No soy un fatalista, pero el panorama mundial se torna cada vez más ensombrecedor: los conflictos y la guerra en medio oriente, el afán de poder de las potencias mundiales (Rusia y Estados Unidos), las enfermedades incurables, los males sociales, el calentamiento global y la degeneración del ser humano, solo por mencionar algunos ejemplos. Luego de echarle un vistazo al mundo, retorno por el hall de algunas universidades de este país, y me pregunto si hemos logrado sintonizar con los ‘millennials’, con quienes compartimos buena parte de nuestro tiempo en las aulas. De ser así sería un gran alivio.
Es cierto que a nosotros nos educaron con el rigor de la palmeta, cuando las bibliotecas eran exquisitas, los libros eran muy costosos y las fotocopias jamás pasaron por nuestra cabeza,  por eso, copiábamos lo que el profesor escribía en la pizarra o lo que nos dictaba en cada clase. Recuerdo, aún, cuando un compañero de carpeta decía “profesor lo tenemos que copiar todo eso” y otro muy listo respondía “no, tómale foto”. Eso sonaba a broma hace aproximadamente 30 años porque nadie tenía, como hoy, una cámara a su alcance, salvo en su imaginación. Los jóvenes de hoy nacieron con el Smartphone, la computadora y la tableta conectados a internet las 24 horas del día. Esa enorme ventaja con respecto a la información que maneja la juventud se ha convertido en un reto para cualquier persona que ejerce la docencia, sin embargo, nos preguntamos cómo los docentes del siglo XX pueden convivir y alinearse con los estudiantes del siglo XXI.
Pero lo más importante, creo yo, es preguntarse si en el sistema universitario peruano se están generando espacios de discusión, cuyo punto central sea el tratamiento de temas nacionales y mundiales que permitan desarrollar el pensamiento crítico, o se estará apostando por una formación conformista, contemplativa, cuyo objetivo esté centrado solo en obtener el diploma que le sirva para no morirse de hambre en este país, cuyos índices de corrupción son alarmantes en estos últimos 20 años. En ese sentido, creo que la universidad tiene la obligación de generar espacios para que los estudiantes lleguen a la conclusión de que es una necesidad entender el mundo que les ha tocado vivir, entender que todo sigue su curso, entender que los escenarios político, económico, religioso y social de los países experimentan cambios coyunturales y drásticos. Entenderse a sí mismos también es una necesidad; sin embargo, alcanzar el objetivo exige, indefectiblemente, el uso de la razón que se podría resumir en el abandono de las posiciones cómodas y sumisas producto de la lectura y el esfuerzo que estas contemplan. Ello haría a la persona más humana, útil, libre e independiente.


sábado, 25 de junio de 2016





¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O INVOLUCIÓN SOCIOCULTURAL?

Los medios de comunicación de corte sensacionalista aumentaron en la década del 90, haciéndose conocidos por sus publicaciones que atentaban contra la ética periodística y violentaban, con mucha sutiliza, los principios de sus seguidores. Actualmente, pese a que han transcurrido más de tres quinquenios, algunos de ellos aún siguen operando bajo la denominada ley del libre mercado. Dicha herencia conduce a pensar que ciertos programas televisivos, radiales y diarios deberían clausurarlos, porque atentan contra la veracidad de los hechos, la objetividad, las buenas prácticas periodísticas y las buenas costumbres. Frente a esto, como es natural, distinguidas personalidades asumen que es la mejor opción para evitar el aumento de los males sociales y proteger el  derecho de las personas, educándolas para que sean mejores ciudadanos; en cambio, los hombres de prensa afirman que es un atentado contra la libertad de expresión. Sin embargo, si es evidente que el funcionamiento de un medio de comunicación social resulta lesivo para la mente humana, no habría por qué objetar su posible clausura por parte del estado.

Para empezar, si hablamos de la existencia de medios de comunicación social sensacionalista que violentan la norma, entonces es evidente que necesitamos de la presencia del estado como ente regulador que tutele los derechos fundamentales de las personas y sancione de manera ejemplar a quien corresponda. Es bueno recordar que los medios de comunicación sensacionalistas no son conocidos por la veracidad de la información que presentan, sino por la exageración, el racismo, la mentira camuflada y corrupción política, producto de los gobiernos coyunturales como es el caso del genocida de Alberto Fujimori. En ese sentido, quienes operen bajo esta práctica, deben hacerse acreedores de una sanción inmediata, a fin de ordenar el asunto, caso contrario, todo sigue su curso hasta la degeneración del ser humano. Si no hagamos un poco de memoria, durante régimen dictatorial fujimorista aparecieron los diarios chicha, caracterizados por el uso de temas irrelevantes para el país, atizados por una ola de mentiras como los monstruos de los cerros, las vírgenes que lloran, la tumba de Sara Helen, y una serie de mensajes televisivos distractores acompañados por el uso constante de voces con un lenguaje coprolálico y procaz que formó parte del léxico de chicos y grandes, mientras se privatizaba a la mayoría de empresas estatales, consideradas el motor de nuestra economía. Fue esa la fórmula perfecta para  “informar” y “culturizar” a la muchedumbre, quien tampoco reaccionó ante la ola de inmundicia que se disparaba por todos lados; por el contrario, fue en busca de más “novedades” que satisficieran sus “buenos hábitos”. Estos hechos precisan con mayor detalle en la encuesta realizada por la empresa CONCORTV, 2011, en la que se revela que el 89% de peruanos perciben mucha violencia y el 81% un trato discriminatorio en la radio y televisión.

Por otra parte, si todos los medios de comunicación conocen las reglas de juego para actuar dentro del ámbito territorial, cuya norma máxima es la Constitución Política del Perú, deberían dar el ejemplo con la emisión de programas culturales que ayuden a las personas; sin embargo, creo que no se avizoró que estábamos asistiendo al inicio de un auténtico saludo a la bandera. De no ser así entonces por qué bajo esa claridad, en la década del 90, varios medios periodísticos trasgredieron la norma, sacando al aire cierto tipo de programas lesivos para la mente humana: dramas pasionales con escenas de sexo, violencia, muerte y apoyo político a las autoridades de turno como era el caso de Rosy War y Laura Bozo quienes (según declaraciones de Montesinos en el 2002) alentaron públicamente la candidatura de Fujimori hacia el 2000. Conocido también es el  lanzamiento, por casi todos los canales televisivos, de la canción “el ritmo del chino” de propiedad de Alberto Fujimori (aunque se asume que fue el arequipeño Carlos Rafo el autor) que más adelante hizo cantar a la muchedumbre “el chino, chino, chino”. Además, según el diario La República, Fujimori ordenó a Montesinos la compra de “prensa chicha” para la reelección. (La República, 05 de mayo de 2011). Estos acontecimientos son pruebas suficientes como para inmutarnos y denunciarlos  públicamente, ya que constituyen hechos flagrantes; es por ello que tras una ardua investigación, el 8 de enero del  2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció al expresidente, Alberto Fujimori a ocho años de prisión por el delito de peculado, al haber autorizado el desvío de fondos  de las fuerzas armadas al servicio de inteligencia nacional (SIN), con el objetivo de comprar la línea editorial de los “diarios chicha” para que apoyen su segunda reelección en el año 2000 (Vargas, 2015).

Otro aspecto a considerar es que tanto en la década del 90 como hoy se siguen emitiendo este tipo de programas, lo que implica que somos herederos de una época nefasta, de la cual estamos obligados a tomar distancia. Según Gargurevich (2000), en la década de los noventa surgió mucha controversia al tratar de confundir la información sensacionalista, como por ejemplo, la publicación del 16 de noviembre de 1998 de un diario llamado el Mañanero, cuyo titular decía “gordo Ortiz chapa a Magaly y ella se abre de patas”. Y  la pregunta es ¿Cuál es la noticia y qué importancia tiene para las personas que buscan noticias relevantes? Una noticia relevante podría ser la toma de la residencia del embajador del Japón, en diciembre de 1997, pero no lo que publicaba ese diario chicha. En efecto, el sujeto que recibe la noticia necesita aprender a discriminar entre lo que es realmente una noticia y lo que es el sensacionalismo utilizado por la prensa amarilla. Pues, la noticia viene a ser una información nueva sobre algún acontecimiento que se considera  de mucha importante para su divulgación; en cambio, el sensacionalismo, utilizado por los medios chicha o prensa amarilla,  es una tendencia que busca causar fuerte impresión con noticias  exageradas, desproporcionadas de un acontecimiento real, buscando maquillar la información, supliéndolo por los aspectos secundarios, con el fin de generar el escándalo, el asombro, y finalmente el marketing, lo que desde luego, implica un daño al público consumidor (Gargurevich, 2000). Si asistimos a un escenario en el que los diarios chicha siguen operando en este país, entonces es probable que un buen número de lectores estén siendo objeto de las patrañas de la prensa sensacionalista, aunque luego de haber recuperado la democracia en el 2001,  los escenarios, a diferencia de los 90 en donde se recibía la noticia de pocos medios,  han cambiado gracias al surgimiento de las redes sociales que ayudan mucho en la difusión de distintas ideas; por lo que se les resulta más difícil lograr su cometido.

También es importante considerar que están en pleno uso de su derecho como cualquier ciudadano quienes objeten la idea de que clausurar un medio de comunicación es atentar contra la libertad de prensa en un país democrático, arguyendo que son los televidentes los que deciden qué desean ver, y no necesariamente un ente regulador que tutele sus derechos. Como es de entenderse, no niego que vivamos en un país democrático en donde todos tenemos derecho a la libre expresión sin importar, el sexo, raza, religión… tal como lo establece nuestra carta magna, sin embargo, las malas prácticas de muchos medios de comunicación, como se ha detallado anteriormente, conducen a pensar que deben recibir una sanción ejemplar con el cierre de sus programas, por considerarse lesivos para los oyentes.  Además, si la democracia es entendida como la libertad que tiene un medio para lanzar cualquier tipo de mensajes sin importar sus efectos, es un grave error, ya que para ello están los denominados códigos de ética que orientan y limitan el accionar de quienes dirigen cualquier medio de comunicación. Ahora bien, si ello solo constituye un buen deseo y, por el contrario, aprovechan la ventaja y espacio que tienen para obrar intencionalmente, entonces no hay argumentos válidos para defender el libre funcionamiento.

En conclusión, la idea de clausurar los medios de comunicación de señal abierta considerados lesivos para la mente humana es una medida acertada. En primer lugar, porque el estado está en la obligación de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, brindándoles noticias de calidad, opuesto al sensacionalismo injurioso, malsano, interesado solo en rating. En segundo lugar, porque se necesita ir formando personas íntegras, con alto grado de raciocinio y práctica de valores, y no al revés como en los años 90. Además, si los medios de señal abierta son conscientes de que la historia no puede repetirse, entonces deben obrar con sumo cuidado para evitar cualquier tipo de sanción de la que se harían acreedores. Finalmente, lo que queda claro es que si se regula el accionar de los medios de comunicación, a través del marco legal, se estaría avanzando como un país que salvaguarda los derechos de sus ciudadanos, ofreciéndoles programas de mucha utilidad para su formación como persona; lo contrario sería abandonarlos a su libre albedrío que tendría consecuencias lamentables en un periodo no muy lejano.

Cajamarca, junio de 2016


sábado, 5 de marzo de 2016


¿SUBE ARRIBA-BAJA ABAJO?


Para absolver un poco la duda de muchos internautas, les dejo estas líneas. En noviembre del 2013, cuando le hacen la consulta al otrora Presidente de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, si es correcto decir "sube arriba, baja abajo", él contesta que son frases correctas que se pueden usar en el lenguaje oral, mas no en el escrito. Postura que sintoniza claramente con la corriente pragmática: es decir, los enunciados adquieren sentido en contextos reales, no ideales de la lengua. Esto es, si la forma de expresión oral se entiende correctamente y funciona en el contexto, entonces, no hay nada más de discutir respecto a su uso, salvo en la forma escrita. 

domingo, 4 de enero de 2015







LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS EN EL PERÚ

El 21 de agosto de 2013 el Grupo Editorial El Comercio, de propiedad de los Miro Quesada, compró las acciones de Epensa (Correo, Ajá, Ojo y El Bocón), de propiedad de los hermanos Agois Banchero, por la suma equivalente a 17 millones 200 mil dólares; lo que significa que el decano toma el control de la impresión, la publicidad y la comercialización de Epensa. Esto dio lugar al debate académico, cuyo punto central es la concentración de medios en el Perú. Esta transacción ha generado, por un lado,  el inmediato rechazo de tal operación por considerarlo que viola el artículo 61 de Constitución Política del Perú, en el que se prohíbe la concentración de medios, además de generar la competencia desleal y poner en peligro la democracia, y por otro, los defensores del decano asumen que tienen absoluta libertad para operar en una economía de libre mercado. En tal  sentido, asumo que la concentración de medios en nuestro país es un peligro para la democracia.

Por un lado, digo que la concentración de medios en el Perú es un peligro para la democracia, porque los ciudadanos recibirían la información mayoritaria de un solo medio. En ese sentido, si un grupo empresarial tiene el dominio del 70% de la circulación de los periódicos a nivel nacional, además de dos canales de televisión, evidencia una única forma de pensamiento en sus lectores, lo cual trasgrede, parcializa y sesga la información, haciéndola menos pluralista y democrática, en el entendido de que los ciudadanos tienen el legítimo derecho a recibir información proporcional que les permita generar sus propias opiniones y conclusiones producto de lo que leen. Así lo sostuvo el abogado especializado en Derecho Público, Constitucional y Administrativo, Ángel Delgado Silva: “Es un peligro. En un Estado democrático, el ciudadano tiene derecho a estar informado de manera proporcionada. Lo conveniente es que un ciudadano no reciba información sesgada, de modo que pueda sacar sus propias conclusiones y tome sus decisiones. Pero si la información viene de una sola vía, de un solo camino, obviamente recibirá información parcializada.” (La República.pe, miércoles, 04 de setiembre de 2013).

Por otro lado, es antidemocrático que un grupo editorial monopólico silencie las propuestas disidentes de su contraparte, sobre todo cuando se trata de procesos electorales. Si no recordemos, que durante las elecciones presidenciales del año 2011, El Comercio apoyó la candidatura de la hija del exdictador, Alberto Fujimori (1990 - 2000) condenado a 25 años de prisión por delitos de corrupción y de lesa humanidad, a lo que se puede asumir que está en su legítimo derecho de brindar su apoyo al candidato que mejor le plazca; sin embargo, lo que no se está considerando es el derecho a la pluralidad en el tratamiento de la información  que no necesariamente sintoniza con su propuesta. Es justo precisar que en aquella coyuntura electoral, según este diario, se dejaba entrever que la candidata del fujimorismo gozaba de la aceptación mayoritaria de los peruanos, en desmedro del denominado candidato antisistema, lo cual distaba mucho de la verdad, pues, los resultados favorecieron a Ollanta Humala, pese a los constantes ataques de los diarios de derecha. En consecuencia, en un país, en el que la mayoría aún no entiende a cabalidad sus legítimos derechos, y no tiene la suficiente capacidad para discernir entre lo objetivo y lo subjetivo, corre el peligro de ser manipulado al recibir la información a través de un solo canal, lo cual es perjudicial y antidemocrático. 

Asimismo, tanto Perú como Argentina albergan a grupos periodísticos mediáticos muy poderosos, que bajo la lupa una economía de libre mercado no tienen ninguna objeción para operar. Sin embargo, el problema surge cuando, desde el punto de vista ético-moral se observa que la información, en muchos casos, dista mucho de la objetividad, lo que conduce a pensar que la mayoría de periodistas trabajan en función de los intereses de sus empleadores, caso contrario, serían despedidos, situación que destiñe la veracidad de la información periodística. En el caso de Perú se ha dicho que El Comercio tiene el dominio aproximadamente del 70% de la prensa escrita y televisiva, lo que implicaría que si este medio se propusiera, por ejemplo, disentir con el discurso de un gobierno que intente regularlo por violentar algún principio, fácilmente tendría bajo su dominio una enorme ventaja sobre el resto del periodismo, significado catastrófico para un país que empieza a creer en la democracia y en la paz interna que le costó conseguirla, luego de tanto sacrificio. En el segundo caso, a diferencia de Perú, se encuentra el conglomerado mediático más grande de Argentina con el Grupo Clarín S.A. que reúne el 41% del mercado radial, el 38% de la televisión de señal abierta y el 59% de televisión por cable, lo cual  no se condice con el principio de objetividad, pluralidad y democracia de ese país, al encontrarse en constantes enfrentamientos judiciales con el gobierno de turno; y que además, en términos de Martín Sabbatella, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), este grupo mantiene su posición dominante y su falta de independencia, al existir vínculos societarios entre el diario y las empresas que regenta, lo cual de por sí ya es un fraude para sus lectores. En consecuencia, para evitar que los grupos mediáticos traten de influir negativamente y violenten nuestros derechos, debemos entender que democracia no es sinónimo de imposición y sometimiento de quienes tienen el poder; democracia significa que todos los ciudadanos tenemos los mismos deberes y derechos, en la que debemos aprender a convivir participativamente, de manera libre, justa, igualitaria, independiente, además de recibir la información de los distintos medios de comunicación de manera objetiva, tal y como lo establece nuestra carta magna.

Ahora bien, en un país “democrático”, asistimos ante el discurso sardónico de quienes tienen el sartén por el mango que, como es natural, defenderán lo suyo y jamás asomará en ellos la paupérrima idea de asumir sus yerros cuando en nombre de la teoría del libre mercado, de la constitución política y de todas las leyes vigentes en este país, asumen que ejercen su legítimo derecho, y que tienen absoluta libertad para seguir jugando a compraventa de cuantas empresas editoras les competa. No obstante, lo ocurrido en los vecinos países nos delata que cuando el elefante está dentro de  casa, el peligro es eminente, y la historia se repite. Por ello, reafirmo que constituye un peligro el hecho de que gran parte de la “información“ periodística sea dirigida  por un solo medio, en el entendido de que todos tenemos derecho a un espacio en donde podamos informarnos de manera veraz, sin maquillajes ni mensajes camuflados de mentiras.

En conclusión, la concentración de medios en el Perú es un peligro para la democracia, ya que la mayoría de peruanos estaría resignado a recibir la información mayoritaria de un solo medio, además de asistir a un posible enfrentamiento con el gobierno de turno, de no armonizar con sus intereses. Esta situación desacredita la información veraz y constituye una falta de ética periodística en el medio; asimismo, violenta el legítimo derecho a la información que debe recibir todo ciudadano. Finalmente, para saltar este abismo, por un lado, habrá que aprender a surtir entre leer un diario cuya línea editorial se yuxtapone y expande hacia sus socios estratégicos, y un diario de corte verista que aquilate la información, para estar cada vez más lejos de Escila y Caribdis; y por otro, ojalá que los promotores del decano se alejen de la malas prácticas de sus vecinos para evitar cualquier desvarío social que tanto daño nos hace.




viernes, 16 de mayo de 2014




                                           
 ¿SEGUIMOS CON LO MISMO O CAMBIAMOS EL CHIP?
                                
En nuestro país, en la última década, parece que los medios de comunicación social, sobre todo la televisión, han olvidado cuál es la esencia de su verdadero quehacer. Es por ello que se ha puesto en tela de juicio el tipo de programas que emite la televisión peruana, ya que se estaría violentando el decreto supremo emitido por el gobierno nacional el 15 de julio de 2004 (Ley 28278). En tal sentido, para muchos televidentes, la programación televisiva les permite mantenerse informados, distraerse, pasar momentos agradables en casa junto a la familia; en cambio para otros, dicha programación lesiona y daña, de manera irreversible, la mente de los niños. Bajo esta premisa, asumo que la mayoría de programas televisivos nacionales de señal abierta deforman la mente infantil.
Por una parte, digo esto, porque la televisión peruana emite programas demasiado violentos y de escasa formación cultural. Ahora bien, si un medio de comunicación descuida el aspecto cultural y genera violencia en la emisión de sus programas, naturalmente, tiende a deformar la mente de cualquier niño. Así lo refiere el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos: “la violencia expuesta en la televisión puede conducir a los niños a desarrollar conductas agresivas que duran por mucho tiempo” (Guía infantil, 2000-2013). En efecto, dicha programación orienta a la degeneración humana.
Por otra parte, claro está que la televisión-cuyo origen tuvo lugar en 1928, gracias a las investigaciones de Logie Baird- no es la caja tonta como muchos lo han denominado, televisión es un medio de comunicación social que nos permite recibir las noticias con suma rapidez, generar opinión, divertir, educar, entretener, entre otras actividades. Sin embargo, pese a las bondades que puede presentar este medio, vale la pena aseverar que quien permanece por mucho tiempo viendo televisión tiende a generar adicción y entorpecer su pensamiento, ya que anula la mayor parte de su capacidad creativa y reflexiva. En consecuencia, conduce a un adormecimiento cerebral y deformación de la mente humana.
Asimismo, resulta demasiado generoso advertir y afirmar que el 85% de los  programas televisivos no dudan en apelar a elementos básicos de atracción como sexo, violencia, humor lleno de jocosidad y sangre. Y bajo el seudoargumento de una aparente preocupación y denuncia ante situaciones desastrosas se ensalzan con el sufrimiento de las personas, de la manera más vil. Entonces, ¿cuál es el impacto que producen los programas televisivos en la formación de los niños y jóvenes del Perú?, ¿qué es lo que vemos a diario en la TV?, ¿acaso somos incapaces de levantar la voz y decir basta de tanta podredumbre en las pantallas?, ¿no podemos dejar presionar el power del control remoto, porque ya sabemos qué es lo que nos espera en este país en donde todos gritan libertad de expresión? ¿Este país no tiene salvación?
Además, si partimos de la premisa que “Los servicios de radiodifusión sonora y de televisión deben contribuir a proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas, así como los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú”, podríamos asumir que la mayoría de promotores, y por ende los programas televisivos “aplauden” la existencia del artículo 33 de la ley 28278 que versa sobre los principios y valores y que prohíbe la emisión de cierto tipo de programas que mellan la integridad del ser humano; menos aún toman en cuenta los artículos 41, 42 y 43 de la misma ley, que estipula sobre el horario familiar para la emisión de ciertas películas. Según el panorama, la programación televisiva en el país, a diferencia de otros países, tiene absoluta libertad para elegir qué ofrecerle al televidente: chismes peleas, insultos, “concursos”, evidentes actos de racismo, incluso hasta la muerte, como el caso de Ruth Thalía, que ocurrió luego de que la susodicha se presentara en un conocido programa televisivo a decir “su verdad”. Sin embargo, distinto sería si el Estado exigiera a los canales de televisión que cumplan con la ley como el caso de la televisión cubana, al margen de su política de estado, en donde la  programación televisiva es netamente cultural, informativa, educativa y deportiva,  orientada a la conservación de sus valores y los sueños cubanos. De ser el caso, se podría disfrutar de una programación más sana, comprometida con la educación de su gente, sobre todo de los niños quienes son el blanco perfecto de muchos antivalores que se propagan sin ningún reparo.
Ahora bien, para quienes defienden la idea de que la mayoría de programas televisivos sí cumplen su función al respetar la normativa vigente, Ley 28278, podrían argüir que ningún sujeto está obligado a ver lo que no le place; en consecuencia, tiene plena libertad de elegir otras alternativas como el hecho de adquirir un producto de cable, cuyos beneficios son evidentes. Frente a ello, no digo que la televisión se haya alejado de sus quehaceres al emitir la noticia a nivel local, nacional y mundial, aparte de generar la opinión; tampoco niego la existencia de otras alternativas. Sin embargo, ante los resultados y evidente propagación de violencia, no existen argumentos válidos; ya que en la programación televisiva peruana se han descuidado dos aspectos fundamentales: el formativo y la práctica de valores que permitan integrarnos y hacernos cada vez mejores ciudadanos. Además, vivir bajo la lupa de un gobierno acéfalo, es natural que la realidad no cambie mucho, lo que coadyuva a la falta de voluntad de parte de los promotores de la televisión para presentar programas de corte educativo, porque perderían rating y dinero. Es más, si hablamos de entretenimiento, el asunto se agudiza como si fuera una enfermedad crónica, ya que se usa un código que va de lo coloquial hasta lo vulgar, típico de personas de la baja estofa. Esto se repite en la mayoría de canales de señal abierta, cuyos programas muestran contenidos similares, y de los que casi nadie se inmuta, menos aún el Estado.
En síntesis, la mayoría de programas televisivos en el Perú son lesivos para la mente de los niños. Esta situación se puede evidenciar en el permanente descuido, que muestran los programas de televisión, en el aspecto cultural y educativo que les compete según la ley, al estar plagados de violencia, sangre y muerte; y cuyo fin es el rating y el dinero. Dada esta realidad, se espera, por un lado, que los promotores de la televisión puedan reflexionar y mejorar su producción que ofrecen a la ciudadanía; y por otro, ojalá que los televidentes huyan de esa ceguera que les puede conducir a la estupidez, frente a una pantalla en donde se lanzan una serie de adjetivos hirientes y chocantes que van en contra de nuestros principios.




jueves, 20 de marzo de 2014

EL FALLO DE LA HAYA



Uno de los temas pendientes que ha enfrentado constantemente a Perú y Chile, desde la Guerra del Pacífico (1879) hasta hoy, ha sido el diferendo marítimo. Ante esto, nuestro país elevó sus argumentos a un ente externo para que determine y dé por finalizado el asunto. Es así que el 27 de enero de 2014, la Corte Interamericana de Justicia de La Haya  dio a conocer su fallo, hecho que  produjo distintas opiniones a nivel nacional. Para la clase política y para la prensa, nuestro país habría logrado su objetivo; en cambio, para un reducido grupo de compatriotas, el Perú se habría llevado la peor parte. En ese sentido, asumo que el dictamen favoreció a Chile.

Digo que el veredicto favoreció al vecino país del sur, porque en las ochenta millas marítimas que se le otorgó a perpetuidad se encuentra la mayor parte de concentración de anchoveta, una especie de pescado que tiene mucho valor en el mercado mundial. Además, de todo ese espacio marítimo no solo puede extraer pescado, sino petróleo, gas, entre otras riquezas que muy bien puede aprovecharlas, gracias al avance científico-tecnológico.  Ahora bien, a un país como el nuestro que le otorgan un espacio rodeado de tiburones, potas y otras especies marinas no significativas para la dinamización de su economía, solo habrá ganado agua y un poco de consuelo. Pese a ello, lo curioso es que casi toda la prensa nacional, incluido el Presidente, asumen que hemos ganado la contienda.

Por otro lado, en términos de Ignacio Walker, excanciller chileno, los peruanos celebran el hecho de tener un territorio que Chile nunca quiso. Así, en tono sarcástico, manifestó: “Nosotros jamás solicitamos ni un metro de eso porque no tiene ninguna experiencia práctica”. Repito, si la balanza se hubiese inclinado a favor nuestro, Perú tampoco hubiese ganado nada, ya que históricamente ese espacio le correspondía; en consecuencia, solo habría recuperado su espacio marítimo. ¿Entonces de qué ganancia o beneficio hablan quienes dirigen nuestro país?

En conclusión, el dictamen de la Haya terminó favoreciendo al vecino sureño, al otorgarle perpetuamente el espacio marítimo, en cuyo perímetro se ubica la mayor producción de especies marinas.  Por su parte, Perú solo recuperó un triángulo en altamar que estaba en dominio chileno, pero que ellos jamás reclamaron. Solo se espera que con este último acontecimiento las divergencias tanto marítimas como territoriales hayan terminado, a fin de no seguir reduciendo nuestros espacios territoriales ni marítimos.

domingo, 16 de febrero de 2014

¿Y CONGA VA O NO VA?



                                  
            
EL PROYECTO MINERO CONGA

Los últimos acontecimientos acaecidos en la región Cajamarca, relacionados con la viabilidad y ejecución del proyecto minero Conga han puesto en jaque al gobierno de Humala, puesto que el estudio de impacto ambiental que daba luz verde al mencionado proyecto ha tenido una serie de observaciones que ha desacreditado su validez. Este hecho ha originado el descontento de un numeroso grupo de cajamarquinos quienes han salido a las calles para expresar su disconformidad, mediante la protesta en distintas ciudades de la región. Dadas las circunstancias, un sector, sobre todo, los denominados ambientalistas, cree que este proyecto debe declararse inviable, porque atentaría contra el recurso hídrico, al afectarse las cabeceras de cuenca; en cambio, para otro sector, en especial para los empresarios, cree que esto debe seguir su curso, porque está en juego el movimiento económico de la región y del país. Ante esta disyuntiva, asumo que el millonario proyecto debe seguir su curso.

Por un lado, digo que el proyecto minero Conga debe ejecutarse, porque genera diversos beneficios para el país. En primer lugar, genera puestos de trabajo y mejora la calidad de vida de muchas familias. En segundo lugar, gran parte del canon minero está destinado a la ejecución de proyectos que benefician a todos. En tercer lugar, parte de ese impuesto sirve para que el estado cumpla la deuda interna del país. Por último, el hecho de que Cajamarca reciba canon minero no significa que esté destinado solo para un grupo de personas; por el contrario, el canon minero es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales producto de la explotación económica de los recursos mineros.

Por otro lado, en términos del MEF, desde el 2006 se ha permitido que las dependencias regionales y locales utilicen hasta el 20% de los recursos provenientes del Canon para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local. Asimismo, el ente afirma que el gobierno central dispuso que se destine hasta el 5% de lo recibido para financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado. En suma, con todo lo que se proyecta, en términos económicos, se estima un avance significativo para la región. Empero, todos estos beneficios se recortarían si desestimamos el millonario proyecto.

Además, según la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, a través de su reporte informativo sobre transferencia de Canon Minero, informa que en julio de 2012 se destinó una partida de 512 millones de soles y unos 300 millones, aproximadamente, en el 2013 a la región Cajamarca. Con estos montos se asume que las autoridades locales y regionales, de manera conjunta, han ejecutado una serie de obras públicas; caso contrario, habría que preguntarles qué han hecho con semejantes sumas de dinero. Ahora bien, si las autoridades no canalizaron de manera adecuada los recursos o simplemente se lo devolvieron al fisco por incapacidad de gasto, es un tema que la misma ciudadanía debe mantenerse vigilante ante tal incongruencia para hacer sentir su disconformidad.  

Es importante recordar que, desde la época colonial, el Perú se ha caracterizado como un país minero. Desde entonces, gran parte de nuestra economía se ha dinamizado en función a los ingresos producto de esta actividad. Es por eso que actualmente, hay varios proyectos de esta naturaleza que están esperando el reinicio de sus actividades, paralizadas como consecuencia de los reclamos sociales ante el temor de mermar las fuentes acuíferas que se ubican en cabeceras de cuenca. Pese a los temores, la experiencia nos dice que la mayoría de proyectos mineros han terminado ejecutándose y beneficiando a numerosas familias, directa o indirectamente; y este no sería la excepción.



Para finalizar, reitero que este proyecto minero Conga debe ejecutarse, ya que resulta positivo para el país. De hecho, esto será una realidad en la media en que las autoridades que reciben el presupuesto del canon minero tengan la capacidad de generar proyectos de gran impacto en beneficio de todos; caso contrario, resulta desventajoso el hecho de recibir grandes partidas presupuestales que no se puedan invertir, menos aún generar el verdadero desarrollo que tanto anhelamos. Finalmente, pese a todos los beneficios que pueda generar este proyecto, es menester que se explique a la ciudadanía cuál será el verdadero impacto y cuáles serán las medidas que se tomarán para no alterar el equilibrio ecológico.

lunes, 24 de junio de 2013

RAZÓN, FE Y CONOCIMIENTO: LA TRIADA ESFUMINADA




Universidad Nacional: ¿rumbo a la investigación científica o salvación a la miseria?

Antes de empezar, quisiera advertir que esta dilucidación surge teniendo como referente la fugaz estancia por distintos claustros universitarios nacionales a inicios del presente siglo; momento de plena dictadura fujimorista, revueltas, muertes, silenciamiento, “compra de medios”, expropiación de canales de televisión, entre otros males. Hablo desde un contexto en el que cada estudiante de nivel superior  tiene la responsabilidad y la obligación de sacar adelante a un país que se resiste a la dictadura, además de una fuerte crisis académica que a todas luces vapulea a cuanto estudiante ingenuo y timorato encuentra, producto de un nuevo orden mundial: el neoliberalismo y la globalización. En ese sentido, si partimos de que el término universidad se asemeja a universalidad de conocimientos de diversas materias, investigación y de proyección para enfrentar los retos del presente y del futuro, aunque este sea desconcertador y nos haga pensar que debemos mantenernos a la vanguardia y a la espera de no sé qué evento; aun así, también es cierto que mientras podamos solazarnos de un hermoso día de abril, hay que adelantarnos a los acontecimientos si queremos sobrevivir ante la eminente  vorágine. Además, consciente de que cada evento viene atizado por el vertiginoso avance científico tecnológico que termina deshumanizándonos, habría que pensar si quedarnos aquí o emigrar adonde la oscuridad no termine por enceguecernos más aún. Entonces, se podría estar pensando que la única forma de superar la enorme tara, que se apoderó de nosotros desde la época colonial, es contar con un elenco de estudiantes con espíritu progresista y una excelente formación académica universitaria pública, a fin de no ser aniquilados, y menos aún caer en una alienación irreversible. Sin embargo, los actores de la comunidad universitaria pública peruana atraviesan por una crisis endémica.
Para empezar, no encuentro consistencia entre lo que ofrece una universidad pública y lo que realmente recibe un estudiante que necesita enfrentar a un mercado cada vez más exigente y agresivo en pleno siglo XXI. Bajo este contexto, lo más notorio es que la mayoría de estudiantes se caracterizan por su estado de pasivismo y dejadez ante una serie de eventos que van mermando su capacidad de raciocinio. En ese sentido, si un estudiante con ayuda de sus mentores se forma con ciertas limitaciones en una determinada disciplina, obviamente, no podrá competir frente a otros que se adelantaron a la nueva ola, para quienes el contexto les resulta favorable y halagador. Como era de esperarse, ya en la primera mitad del siglo XX, José Carlos Mariátegui, de manera implícita, nos advertía que la tarde sucedería al albor de la Academia o que el Oscurantismo negaría al Renacimiento.
Además, si referimos al desgobierno del sistema universitario público, sobran razones como para asumir que si nadie pone orden, todo se desvirtúa, y dios nos libre del anarquismo. Creo que los jerarcas, al estilo clasista de la edad media, no han entendido o no quieren entender el verdadero sentido de la educación superior en el Perú. Para nadie es un secreto que el sistema universitario público ha venido surtiendo sus bemoles, acompañado de un estado, cuya organización se muestra como la vedete de la derrota que no hace sino dar vergüenza y lástima. ¿Será acertado decir que el sistema no funciona, porque la estructura bajo la cual se rige nuestro país tiene deficiencias? Ante esto, es menester ir urdiendo algún plan de contingencia antes de que el coloso pisotee y machaque habitaciones completas de guerreras diminutas. Pero si todo está tan claro, ¿por qué no evidenciamos ni la mínima luz en el fondo del túnel sabatesco o en la caverna de Platón?  ¿Habrá que cantar a todo pulmón -como quien canta el himno “somos libres”- que el sistema universitario público está en crisis para que se tome alguna decisión? ¿O no es rentable ocuparse del asunto?
Y otra vez, aparece el elenco de estudiantes universitarios que se vislumbran como sujetos cuyas mentes amnésicas fueron adormecidas a causa de los dardos recibidos bajo los efectos del mundo macondiano neoliberal en donde se quedaron fijadas y no tuvieron opción de desprenderse. Y por el mismo hecho de haberse lesionado de manera irreversible, hoy arrastran y llevan como herencia genética ese lastre que ni siquiera les permite inmutarse por la pesadez del estómago, producto de toda la inmundicia que recibieron. En consecuencia, solo buscarán un calificativo que le sea favorable no importa cómo. Pero no se olvide que puede aparecer alguno que “sabe aprovechar”, y puede, con plena libertad, elegir otra alternativa: permanecer en la universidad los años que le sea favorable en términos económicos, “haciendo política”.  Finalmente, después de haber bregado tanto- al estilo don Quijote en la Cueva de Montesinos- y luego de tanto ajetreo, obtendrá el ansiado diploma que le sabotea hacia la búsqueda y consecución de un trabajito que le permitirá sobrevivir y hacer frente a la “sana competencia”. Se infiere, entonces, que parte de esta población estudiantil muestra, una enorme cicatriz, adherida a la falta de convicción que avanza de manera geométrica. Así resulta fácil comprender por qué muchos jóvenes ni siquiera saben por qué están en la universidad, ya que ingresaron “por obra y gracia del espíritu santo” o por democracia. Esto nos conduce a hipotetizar la razón  de su descontento y de su constante migración ensayo-error por distintas facultades que ofrece la universidad, y quienes no logran su objetivo, a regañadientes, se ven obligados a terminar una carrera que jamás soñaron, o en su defecto la abandonan para siempre.
Vale la pena recordar que en tiempos antiguos, cada aprendiz acudía a la casa de la razón en busca de la verdad, aunque no hayamos comulgado lo mismo sobre el sentido del término, tampoco podemos negar que la universidad, desde sus orígenes hasta hoy, ha conservado y gozado de cierta brillantez pese a los grandes cambios de orden político, cultural: mundo Clásico- Medieval- Renacimiento…siglo XXI. Sin embargo, creo que la tríada razón, fe y conocimiento, hoy esfuminada, siempre fue un buen acicate como para pavonearnos de una etapa que- a mi parecer- aún tiene vigencia si quisiéramos ordenar el asunto. Desde esta perspectiva, se vislumbra un oscuro porvenir en numerosos sujetos que deambulan por las calles de las grandes ciudades con un cartapacio bajo la manga en busca de un trabajo digno, a quienes la universidad los tituló, quizá, sin medir las consecuencias.
Por ahora, planteémonos otra pregunta: ¿todos los docentes que “selecciona” la universidad pública cumplen los requisitos mínimos para sacar adelante a este país? Al respecto, nadie niega la brillantez del lenguaje - pensamiento y dilucidación con que salta al proscenio la pléyade que se dirige a un auditorio sediento de aprehender temas novedosos y útiles al mundo que les espera. Opuestamente a esta evidencia, tampoco es casual enfrentarse, sin razón, con aquellos seudocatedráticos que lograron acceder a un ambiente universitario, también “por obra y gracia del espíritu santo”. Estos son quienes amenazan a estudiantes por cualquier reclamo, enarbolan el catedratismo del que ni siquiera tienen idea; en resumen, son los encargados de generar el valor agregado de la mediocridad que avanza rápidamente en estas instituciones que el estado se pavonea de regentar.
Dadas las circunstancias “académicas”, los estudiantes timoratos dirán: “yo no me meto en problemas”. ¡Qué genialidad!  Es natural que esto ocurra en un ambiente de silencio, en donde los entes encargados de hacer justicia han perdido credibilidad. Curiosamente, la puerta sartreana sigue abierta para estos “catedráticos” que hacen su agosto, mientras los estudiantes timoratos se mantienen en zozobra y en espera de un octubre que llega pero sin ningún milagro. Entonces, cabe otra interrogante: ¿Será posible retomar la triada, o no será necesario en estos tiempos “tan modernos” sin modernidad? 

Pese a todo, se aguarda una especie de optimismo frente a las últimas medidas sobre la nueva Ley Universitaria, aunque no creo que cambie mucho el panorama. Si la medida no prospera, la universidad lamentablemente más se asemejaría a cuatro paredes en donde se pasa entre cinco y 20 largos años, para luego darnos cuenta que realmente no hemos aprendido mucho, por una simple razón: la mayoría de cursos que se recibió no resume la ecuación en estos tiempos de constante cambio. En tal caso, mantener instituciones académicas acéfalas solo ayudará a promoverlas como una alternativa de solución para llevar un título bajo el brazo, a fin de no quedarnos “sin profesión”; y si el diploma es útil, quizá sea como una alternativa de solución para no morirse de hambre.
Quienes entendemos la verdadera dimensión del asunto, sentimos la necesidad nostálgica de afirmar que atrás quedaron los años en que, por ejemplo, un Basadre, un Porras Barrenechea, un Luis  Valcárcel, un Luis Alberto Sánchez - hoy olvidados- aportaron y lucharon en demasía por su patria, pese  a verla patas arriba, en términos de Eduardo Galeano. O el hecho de contar con un autodidacta como Mariátegui nos fortalece más aún, pero somos conscientes de que no los volveremos a ver. Habrá que seguir alimentando y fortaleciendo los corazones de la esta juventud imberbe que en algún momento tomará las riendas y será responsable del destino de este país. Por ahora, debemos confiar en que luego de lograr el licenciamiento, la acreditación y la certificación, la universidad pública contará con la infraestructura suficiente, laboratorios de calidad, bibliotecas actualizadas y conectadas a nivel mundial, ambientes adecuados para la enseñanza - aprendizaje, profesionales de calidad a la altura de las exigencias de la sociedad contemporánea con su tan preciada competencia.
Pese a que no veo ni encuentro, menos aún propongo recetas para levantar la cerviz y reconstruir las torres gemelas; habrá que tener un poco de paciencia, de sentido común y buena voluntad para encontrar el horizonte en esta densa humareda. En ese sentido, creo que la universidad pública debe implementar una serie de medidas urgentes y drásticas que permitan la obtención de resultados óptimos dentro de un plazo no muy lejano. Obviamente esto no será un producto gratuito; se necesita a nivel nacional, en primer término, de autoridades que dejen de ser jefes y se conviertan en líderes académicos que persuadan a sus equipos de docentes, estudiantiles y administrativos, que los cambios son necesarios para seguir en carrera, y en segundo término, conformar un equipo de especialistas con experiencia en acreditación y certificación para lograr los cambios, caso contrario, habremos fracasado nuevamente.
En resumen, queda claro que la mayoría de actores de la comunidad universitaria pública peruana atraviesan por una crisis endémica. Pese a ello, y aunque no visualicemos claro el panorama, habrá que confiar en las autoridades competentes, docentes y alumnos que aún sobreviven dentro los claustros, ya que lo mínimo que se espera de ellos es que busquen una alternativa de solución en bien de la universidad pública y del país.

sábado, 9 de marzo de 2013

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES


                                  




 La otra cara de la moneda
Cada vez que me atrevía a utilizar un adjetivo, vacilando un poco sobre su verdadero sentido, mi abuelita solía repetir el viejo refrán: “Palabra y piedra suelta no tiene vuelta”. Con ello, por lo menos, trataba de mitigar el uso inadecuado de algún término castizo. Hoy, en pleno siglo XXI, momento clave en que a todos nos agrada el avance de la ciencia y la tecnología porque nos "resuelve la ecuación" y nos produce placer, parece que ningún adagio será capaz de detener y hacer reflexionar a un sujeto que se acostumbró a vivir en una sociedad consumista y vehemente por alcanzar el “éxito”.
Por tal razón, me resisto a encender el televisor en mis días de ocio, porque al parecer una densa niebla opaca mis ojos, reduce mi audición, producto de una otitis crónica. Pero otra vez, el noticiero insiste en pasar los titulares más importantes del acontecer nacional e internacional cuyos contenidos se discurren acompañados de una oleada de violencia.
Ante esto, manifiesto una constante preocupación por el inadecuado uso del código lingüístico en la mayoría de los medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita en nuestra ciudad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el mal llamado “cuarto poder” lanza dardos de todo calibre sin importar quienes son sus oyentes. Así, este se perfila como uno de los entes en donde se corrompe, pisotea y olvida el correcto uso del código, lo que conduce a estropear formas y normas lingüísticas definidas y aceptadas por la comunidad de hablantes. 
Según esta premisa, sería bueno que el comunicador social reflexione sobre los usos expresivos que atañe a su quehacer periodístico.  Esto permitiría que los medios de comunicación social coadyuven, en la formación del oyente, teniendo como premisa que la escuela no lo resuelve todo. Si no habremos de recordar a Luis Jaime Cisneros quien afirmaba que el Perú enfrenta muchos problemas, pero aún tiene solución; aunque todo debe empezar por casa, y si esto se contagia y amalgama con el colegio, se puede avanzar. Pero ¿de qué manera ayudan los medios de comunicación con el uso correcto del idioma? Claro está que a nuestra educación peruana le hace daño el hecho de tener a un sujeto frente a los micrófonos dirigiendo un noticiero en los que se suele escuchar: “hubieron muchos problemas”, sabiendo que lo formal es hubo muchos problemas; trasgevisar, sabiendo que lo correcto es tergiversar. De ser así, razones sobran para decir que dicho sujeto es arrastrado hacia el uso mediático de términos que, a veces, ni él mismo se orienta por su verdadero sentido.
Repito, si estamos pensando que todo comunicador social tiene una gran responsabilidad, al dirigir un programa de radio, televisión o cualquier medio escrito, por lo menos debería preocuparse por reducir sus deficiencias léxicas.
No se me ocurre que podamos continuar con programas que salen al aire, cuyos receptores, en la mayoría de los casos, suelen ser los menos instruidos, blancos de la barbarie de todo tipo.
Claro está que no es lo mismo hablar que escribir. Eh allí el tema en cuestión: el mal uso del idioma lo podemos evidenciar cuando un sujeto se dirige a una audiencia de manera oral. Si este comete errores, el oyente, que no reflexiona ni conoce el uso formal de su idioma asume el término como lo escucha y lo repite ad pederam literae. Distinto ocurre en los medios escritos, aunque es difícil evidenciar un “fe de erratas”, luego de algún lapsus calami.
De hecho, es más difícil escribir bien que hablar bien, porque el sujeto puede mediar un cierto tiempo cuando ve el texto escrito; en ese lapso reflexiona, consulta, ensaya, corrige variantes, etc. Contrariamente ocurre en los mensajes orales. Así, cuando un locutor de radio comete un  lapsus linguae, ya no tiene opción a revertir lo dicho, salvo que se corrija de manera inmediata. En tal sentido, los géneros periodísticos necesitan de profesionales que cumplan con el manejo adecuado del sistema de la lengua, caso contrario, seremos testigos de cómo en las memorias de las grandes masas  van imprimiéndose las deformaciones, las arbitrariedades, la pobreza y la vulgaridad idiomáticas en nuestro castellano.  
En consecuencia, lo que se busca no es  condenar a los medios de comunicación social como deformes, sino de elaborar propuestas que ayuden a eliminar los desperfectos, a fin de ir mejorando su trabajo. Con ello, los radioescuchas y televidentes saldrían gananciosos. Así salta a la vista una necesidad: las escuelas de periodismo tienen que reajustar sus mallas curriculares de modo que obliguen a sus estudiantes a ser los referentes en su carrera; puesto que el cuarto poder se presenta como uno de los grandes maestros de nuestra sociedad en el uso del código, a quienes los oyentes tratamos de imitar.
Mi disentimiento va porque en una ocasión me detuve para detectar algunos errores lingüísticos cometidos por un locutor de radio y televisión local:
“Tuavía estamos en la pelea pa' el mundial…”
"¿Hicistes  una buena jugada…?"
"Hubie­ron desórdenes en el estadio municipal luego del partido entre UTC y…”
“Esperamos que no haiga sorpresas en el banco de Markarián”
Si entendemos que esta es la forma de expresión de algunos locutores en medios poco serios, podremos decir que el televidente no asume una posición crítica, de hacerlo no tendría cómo dejarse oír en ese instante. Por el contrario, se va acostumbrando, y asume las formas como correctas.
Finalmente, reafirmo: “Un diario bien escrito es un buen referente para el aprendizaje de la lengua”. Debemos entender que el lector no se cuestiona al momento de recibir la información, tenga o no escritura correcta, lo asume como tal, porque está más interesado en la noticia que en la forma cómo se lanza el mensaje; sin embargo, algo va quedando en la “grabadora”.
Quizá una buena fuente de consulta para absolver nuestras interrogantes con respecto al uso adecuado del castellano sea el Diccionario panhispánico de dudas o el Diccionario de la Real Academia, herramientas eficaces que contribuyen con el mejoramiento en el  uso del código, ya sea hablado o escrito. Ojalá que los responsables de conducir ciertos programas no hayan olvidado usar estos importantes recursos.
Cajamarca, enero de 2013

viernes, 1 de febrero de 2013

VÉASE EL USO CORRECTO


¿2 ó 3 /2 o 3?

La academia recomienda que el dígito o no debe tildarse por tres razones bien precisas. La primera porque no es diacrítico, sino átono; la segunda porque las cifras que puedan flanquearlas no tienen el mismo tamaño, tanto la o como el 0 tienen distinta altura y forma; y tercero porque siempre existe un espacio entre las cifras. Véase: tengo entre 3 o 4 amigos. /Llegaré entre las 5 o 6 de la tarde. En tal razón, la conjunción o se escribirá  siempre sin tilde como corresponde a palabra monosílaba átona; ya sea entre palabras, cifras o signos.


martes, 3 de abril de 2012

¿CONSULTA PREVIA O MÁS BLA, BLA?






LEY DE CONSULTA PREVIA


La reciente ley de consulta previa ha dividido las opiniones de los peruanos, sobre todo a los capitalinos. Para los de la metrópoli, esta normativa hace retroceder al gobierno central; sin embargo, para los que viven en la amazonía, asumen que la propuesta les favorece. A mi parecer, la polémica ley es una decisión  justa y necesaria para los intereses  de los pueblos nativos.

Para empezar, digo que la promulgación de esta ley resulta positiva, porque creo que es sinónimo de calma y tranquilidad para aquellos hombres que viven en las zonas de influencia. Si no recordemos la matanza de un grupo de indígenas, quienes defendieron y entregaron sus vidas en defensa de la tierra el 05 de junio de 2009. Esto significó el punto de quiebre para el miope gobernante citadino que desde Lima miraba de soslayo a los nativos, firmaba documentos bajo la mesa, remataba por parcelas la selva amazónica y ordenaba a sus ministros, Mercedes y Yehude, “limpiar el camino”. Para nadie es un secreto que esto formó parte de la antesala de lo que hasta el  más incauto avizoraba. Enseguida, escuchamos los acalorados debates sobre las implicancias de esta nueva Ley, cuyo desenlace favoreció su aprobación, por unanimidad, en el Congreso de la República, y su posterior promulgación por el jefe de Estado en la ciudad de Bagua. 

Esta decisión, si bien es cierto fue un poco tardía, no deja de ser acertada y significativa para nuestra selva amazónica que se encuentra regentada por hombres y mujeres que aún no han perdido el sentido de amar a la naturaleza, porque saben que de allí vienen y hacia ella volverán. Así, de hoy en adelante, el gobierno hará la consulta a los pueblos indígenas, antes de adoptar cualquier acuerdo "entre gallos de medianoche". Entiendo que la consulta se enfocará hacia la elaboración de planes, programas, proyectos y otros acuerdos de diversa índole que favorezcan directamente a todos los que viven en la zona influencia, situaciones que los nativos sabrán afrontar con su amplia sapiencia que los caracteriza.

Sin embargo, no falta quien objete la promulgación de esta nueva Ley, aduciendo que sería contraproducente para el desarrollo de los pueblos amazónicos; puesto que el gobierno central mostraría su debilidad ante la toma de decisiones; tendría que surtir una serie de entrampamientos y, por consiguiente, mayor enfrentamiento entre las partes. Por ejemplo, ¿qué sucedería si no se alcanzara el esperado consenso entre la sociedad civil y el gobierno? ¿Qué sucede si los grupos de poder  ven afectados sus ingresos producto de esta ley y exigen que se aplique el principio de autoridad? ¿Si no se puede explotar los recursos “naturales” porque los indígenas no lo permiten? ¿Habría que matar más indígenas? Obviamente que si las premisas anteriores se cumplen, nos espera una ola de conflictos que debemos enfrentar.

Como medida de prevención, la norma debe ser clara, precisa y coherente a fin de evitar posibles conflictos, que se originan como complemento de los vacíos legales. En primer lugar, hay que aclarar que la nueva Ley no limita ni restringe la toma de decisiones por parte del gobierno, por el contrario, creo que es un desafío para cualquier presidente, ya que promueve el desarrollo de los pueblos amazónicos. En segundo lugar, ante una posible situación de conflicto, surge la necesidad mantenerse en estado de alerta para mitigar cualquier acto de violencia. Para ello se necesita de líderes políticos de la metrópoli con suficiente seso, capaces de generar espacios de diálogo, con capacidad de escucha; a fin de adelantarse a cualquier evento que arrastre una crisis. En otros términos, lo que propongo es que el gobierno ponga en práctica una serie de estrategias que permitan conciliar y resolver cualquier conflicto social sin afectar los intereses ni mellar la integridad de los pueblos nativos. Finalmente, si se cumple con lo antes mencionado, estaríamos en condiciones de creer en el verdadero desarrollo sostenible de las comunidades indígenas.



En consecuencia, la Ley de consulta previa constituye un avance significativo para los pueblos nativos, cuyo objetivo se orienta a salvaguardar y proteger el potencial amazónico. Sin embargo, hay que actuar con sumo cuidado a fin de que esto no signifique el deterioro, desgobierno y retroceso de los pueblos amazónicos.