LEY DE CONSULTA PREVIA
La reciente ley de consulta previa ha
dividido las opiniones de los peruanos, sobre todo a los capitalinos. Para los
de la metrópoli, esta normativa hace retroceder al gobierno central; sin
embargo, para los que viven en la amazonía, asumen que la propuesta les favorece.
A mi parecer, la polémica ley es una decisión justa y necesaria para los
intereses de los pueblos nativos.
Para
empezar, digo que la promulgación de esta ley resulta positiva, porque creo que
es sinónimo de calma y tranquilidad para aquellos hombres que viven en las
zonas de influencia. Si no recordemos la matanza de un grupo de indígenas,
quienes defendieron y entregaron sus vidas en defensa de la tierra el 05 de
junio de 2009. Esto significó el punto de quiebre para el miope gobernante
citadino que desde Lima miraba de soslayo a los nativos, firmaba documentos
bajo la mesa, remataba por parcelas la selva amazónica y ordenaba a sus
ministros, Mercedes y Yehude, “limpiar el camino”. Para nadie es un secreto que
esto formó parte de la antesala de lo que hasta el más incauto
avizoraba. Enseguida, escuchamos los acalorados debates sobre las implicancias
de esta nueva Ley, cuyo desenlace favoreció su aprobación, por unanimidad, en
el Congreso de la República, y su posterior promulgación por el jefe de Estado
en la ciudad de Bagua.
Esta
decisión, si bien es cierto fue un poco tardía, no deja de ser acertada y
significativa para nuestra selva amazónica que se encuentra regentada por hombres
y mujeres que aún no han perdido el sentido de amar a la naturaleza, porque
saben que de allí vienen y hacia ella volverán. Así, de hoy en adelante, el
gobierno hará la consulta a los pueblos indígenas, antes de adoptar cualquier
acuerdo "entre gallos de medianoche". Entiendo que la consulta se
enfocará hacia la elaboración de planes, programas, proyectos y otros acuerdos
de diversa índole que favorezcan directamente a todos los que viven en la zona
influencia, situaciones que los nativos sabrán afrontar con su amplia sapiencia
que los caracteriza.
Sin
embargo, no falta quien objete la promulgación de esta nueva Ley, aduciendo que
sería contraproducente para el desarrollo de los pueblos amazónicos; puesto que
el gobierno central mostraría su debilidad ante la toma de decisiones; tendría
que surtir una serie de entrampamientos y, por consiguiente, mayor
enfrentamiento entre las partes. Por ejemplo, ¿qué sucedería si no se alcanzara
el esperado consenso entre la sociedad civil y el gobierno? ¿Qué sucede si los
grupos de poder ven afectados sus
ingresos producto de esta ley y exigen que se aplique el principio de
autoridad? ¿Si no se puede explotar los recursos “naturales” porque los
indígenas no lo permiten? ¿Habría que matar más indígenas? Obviamente que si
las premisas anteriores se cumplen, nos espera una ola de conflictos que
debemos enfrentar.
Como
medida de prevención, la norma debe ser clara, precisa y coherente a fin de evitar
posibles conflictos, que se originan como complemento de los vacíos legales. En
primer lugar, hay que aclarar que la nueva Ley no limita ni restringe la toma
de decisiones por parte del gobierno, por el contrario, creo que es un desafío para
cualquier presidente, ya que promueve el desarrollo de los pueblos amazónicos.
En segundo lugar, ante una posible situación de conflicto, surge la necesidad mantenerse
en estado de alerta para mitigar cualquier acto de violencia. Para ello se
necesita de líderes políticos de la metrópoli con suficiente seso, capaces de
generar espacios de diálogo, con capacidad de escucha; a fin de adelantarse a cualquier
evento que arrastre una crisis. En otros términos, lo que propongo es que el
gobierno ponga en práctica una serie de estrategias que permitan conciliar y
resolver cualquier conflicto social sin afectar los intereses ni mellar la integridad
de los pueblos nativos. Finalmente, si se cumple con lo antes mencionado, estaríamos
en condiciones de creer en el verdadero desarrollo sostenible de las
comunidades indígenas.
En
consecuencia, la Ley de consulta previa constituye un avance significativo para
los pueblos nativos, cuyo objetivo se orienta a salvaguardar y proteger el
potencial amazónico. Sin embargo, hay que actuar con sumo cuidado a fin de que
esto no signifique el deterioro, desgobierno y retroceso de los pueblos
amazónicos.
